LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS FRENTE A LOS ESTADOS Y SUS "MODELOS"

En general, en la mayoría de los países para los Pueblos indígenas no existe el debido respeto y garantía a su Derecho a la libredeterminación, esto es, de determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social, cultural y en qué medio ambiente se quiere vivir, lo que está consagrado en diversos pactos, declaraciones, normas internacionales y a pesar de que son obligatorias a la función de los Estados, esto no se está cumpliendo.

Debido a los intereses de grupos económicos que someten a los Estados, se ha identificado que la libredeterminación, como matriz de los derechos colectivos ha sido conculcada (atropellada) por los Estados, con graves impactos a sus conexiones, que son el conjunto de normas Universales de Derechos Humanos, tales como el derecho a la integridad cultural; el de bienestar social, económico, cultural y ambiental; el de Tierras, territorios y Recursos naturales; el de Autonomías y participación política; Y, garantías de no discriminación, como ocurre en Chile y Argentina a modo de ejemplo.

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS FRENTE A LOS ESTADOS  Y SUS "MODELOS"

IMAGEN: Archivo Internet

Compilación: Alfredo Seguel

BREVE PRESENTACIÓN

En general, la mayoría de los países no tienen el respeto y garantía a los Derechos de los Pueblos Indígenas como es el de libredeterminación, esto es, de determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social, cultural y en qué medio ambiente se quiere vivir, lo que está consagrado en diversos pactos, declaraciones, normas internacionales y que son obligatorias a la función de los Estados.

En la actualidad, existen proyectos de privatización de los territorios indígenas, sus Recursos Naturales, Expansión de Industrias Extractivas, etc., que afectan directamente a diversas poblaciones y sus derechos y que en definitiva no son aportes al progreso y bienestar colectivo, por el contrario, son la representación del saqueo, contaminación, nuevas formas de colonialismos y lucro desproporcionado de pequeños grupos de poder en desmedro de una inmensa mayoría.

Como consecuencia de esto, se ha identificado que la libredeterminación, como matriz de los derechos colectivos ha sido conculcada (atropellada) por los Estados, con graves impactos a sus conexiones, que son el conjunto de normas Universales de Derechos Humanos, tales como el derecho a la integridad cultural; el de bienestar social, económico, cultural y ambiental; el de Tierras, territorios y Recursos naturales; el de Autonomías y participación política; Y, garantías de no discriminación.

APUNTES SOBRE LIBREDETERMINACIÓN

El derecho a la libredeterminación se puede comparar con el derecho más importante para el ser humano como sujeto individual: El derecho a la vida. El derecho a la vida es para el ser humano lo que el derecho a la libre determinación es para un pueblo. En esta línea, se vuelve impensable su no reconocimiento y valoración, así por lo menos fue evaluado en las jornadas.

Dentro de la esfera del derecho Internacional, vinculante a los Estados y en teoría a todos los ordenamientos jurídicos, políticos y administrativos, se consagra entre otros cuerpos jurídicos los siguientes en relación a la libredeterminación:

**Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (13 de septiembre de 2007)

La declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es hasta el momento el máximo instrumento jurídico de Derechos Humanos para los Pueblos indígenas.

En su Preámbulo la Declaración establece la igualdad que los pueblos indígenas tienen con los demás pueblos, subrayando su derecho a ser diferentes y a ser respetados como tales. En dicha sección de la Declaración, además, se condena las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas fundadas en el origen nacional, étnico y cultural, y se afirma, en concordancia con la Carta de Naciones Unidas, los Pactos de derechos humanos, y la Declaración de Viena y Programa de Acción, la importancia fundamental del derecho a la libre determinación de los pueblos.

En su articulado la Declaración dispone que los indígenas, como colectivos (pueblos) y como personas, tienen el derecho al disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la normativa internacional de derechos humanos (Artículo 1) sin discriminación alguna (Artículo 2). Se trata de una Declaración que, como lo ha señalado con mucha claridad el jurista estadounidense James Anaya, actual Relator de las Naciones Unidas, no crea derechos nuevos sino que reconoce a los indígenas derechos relativos a los pueblos y a las personas actualmente vigentes en el derecho internacional de los derechos humanos , pero que hasta ahora no les han sido respetados por muchos de los Estados en que habitan.

A pesar de que su texto final fue objeto de diversas modificaciones con el objeto de lograr un consenso mayoritario para su aprobación por la Asamblea General en muchos aspectos la Declaración va mas allá del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de 1989, el que hasta septiembre pasado constituía el instrumento de derecho internacional mas avanzado relativo a los derechos de los pueblos indígenas.

Entre los derechos más importantes reconocidos a los pueblos indígenas en la Declaración cabe destacar los siguientes:

Los derechos de carácter político, incluyendo entre ellos la libre determinación , derecho reconocido en términos muy similares a como lo hace para todos los pueblos el Articulo 1 común del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (1966), y el derecho de autonomía o al autogobierno, estos últimos, en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales (Articulo 4).

Los mismos derechos son reafirmados a lo largo de la Declaración al reconocer a los pueblos indígenas el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones (Artículo 5); el derecho a definir su propio desarrollo (Articulo 23) ; y a mantener y desarrollar sus estructuras institucionales y costumbres o sistemas jurídicos. (Artículo 34)

Ello no obsta, de acuerdo a la Declaración, al derecho que los pueblos indígenas mantienen a “…participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del país. “ (Artículo 5)

Además, y como una consecuencia del derecho de libre determinación, la Declaración va mas allá que el Convenio 169, el que había establecido el derecho de consulta a los pueblos indígenas frente a diversas circunstancias que les atañen (medidas legislativas y administrativas, y la prospección o explotación de los recursos del subsuelo existentes en sus tierras). Ello al disponer el derecho de los pueblos indígenas a que se obtenga su consentimiento libre, previo e informado antes de que los Estados adopten decisiones que les afectan. Entre las decisiones que de acuerdo a la Declaración requieren del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, se encuentran su traslado desde sus tierras y territorios (Artículo 10), aquellas de carácter legislativo y administrativas que les afecten (Artículo 19), y la aprobación de proyectos que afecten sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente aquellos relacionados con “…el desarrollo, la utilización o explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. “ (Artículo 32.2).

Otro importante ámbito de derechos establecidos por la Declaración son aquellos relativos a las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas. Junto con establecer el derecho de estos pueblos a “…mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma…” (Artículo 26.1), la Declaración reconoce el derecho que estos pueblos tienen “…a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.” (Artículo 26.2). A través de esta disposición, la Declaración reconoce en forma expresa el derecho propiedad indígena basado en la propiedad ancestral sobre sus tierras territorios y recursos. En el mismo sentido la Declaración establece la obligación de los Estados de dar a los pueblos indígenas reconocimiento y protección jurídica sobre estas tierras, territorios y recursos, respetando para ello sus costumbres y tradiciones (Artículo 26.3).

Igualmente importante es el establecimiento en su texto del derecho de los pueblos indígenas a la reparación, incluyendo en ella la restitución, y cuando ello no sea posible, la compensación, por las tierras, territorios y recursos que les hayan sido « confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo ,e informado” (Artículo 28).

La Declaración también hace un reconocimiento y vela por la protección de los derechos culturales de los pueblos indígenas, incluyendo, entre ellos, el derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales (Artículo 11.1) , a utilizar, fomentar y trasmitir sus historias, idiomas, tradiciones orales, nombres, entre otros, (Artículo 13.1) , a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, medicinas, diseños, y a la propiedad intelectual sobre estas expresiones culturales (Artículo 31.1).

En estrecha relación con lo anterior, la Declaración establece el derecho de los pueblos y personas indígenas a no ser objeto de asimilación forzada o destrucción de su cultura (Artículo 8.1).

Finalmente, la Declaración dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados y otros arreglos constructivos celebrados por ellos con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y respetados por los Estados. (Articulo 37.1)

Extractos de artículos

“Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.” (Artículo 3)

“Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.” (Artículo 4)

“Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales…”. (Artículo 5)

“Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo.” (Artículo 23)

“Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.” (Artículo 34)

** Convenio de la OIT N° 169 del 27 de junio de 1989 / por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.

Si bien dicho Convenio Internacional vinculante (obligatorio) a todos los Estados que la han suscrito y ratificado, no señala o desarrolla explícitamente el concepto de Libredeterminación, pero sí hace mención de las conexiones de este derecho matriz, tales como el derecho a consulta, de tierras y territorios, cultura, entre otros.

Asimismo, dicho instrumento internacional se debe reinterpretar a la luz de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el 13 de septiembre de 2007 donde sí hace referencia de la libredeterminación y una serie de importantes Derechos conectados a esta matriz.

En definitiva, de acuerdo a lo escrito por el experto internacional de la OIT Jorge Dandler, el Convenio 169 de la OIT, es un instrumento jurídico internacional CON CARÁCTER VINCULANTE que protege y regula los derechos de los pueblos indígenas en diferentes áreas de su interés. Fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 1989. En América latina, ha sido ratificado por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras Paraguay, Perú, Brasil, entre otros.

El Convenio 169 es el resultado de muchas discusiones y consultas que se realizaron desde 1986. Aparte de que la 0IT es un organismo que está integrado por los gobiernos, organizaciones de empresarios y de trabajadores, esta organización que es la más antigua del sistema de las Naciones Unidas hizo un esfuerzo para que participen representantes de organizaciones indígenas durante las discusiones del Convenio.

Cuando un país lo ratifica, en la mayoría de los casos, a través de su Legislatura, el Convenio se incorpora al sistema jurídico nacional. Sin embargo, no basta que el Convenio se incorpore al derecho nacional, es necesario, para dar aplicación al Convenio que el Estado adecue la legislación nacional y tome las acciones necesarias, en el campo del desarrollo y administración de la justicia, para dar efectiva aplicación al mismo. Además, el Estado se compromete a someterse a los órganos de supervisión y control en la aplicación de Convenios que tiene la OIT.

El Convenio 169 no es una Declaración de los máximos derechos indígenas, sino una norma que se considera esencial y mínima a la cual han llegado los países a un consenso a nivel internacional. Incorpora muchas demandas y reclamos indígenas y los convierte en derechos internacionales reconocidos.

Los conceptos básicos del Convenio son el respeto y la participación. Respeto a la Cultura, la Religión, la organización social y económica y a la identidad propia. La premisa básica es que los pueblos indígenas son permanentes o perdurables.

Articulo 1. Derecho como Pueblos indígenas

El derecho a ser reconocidos como pueblos dentro de un Estado, con identidad propia y con derechos que se derivan de su presencia histórica y contemporánea.

El Convenio dispone que la conciencia de su identidad indígena deberá ser considerada como criterio fundamental. Es decir, ningún Estado o grupo social tiene el derecho de negar la identidad que pueda afirmar un pueblo indígena y sus miembros.

Artículo 2. Responsabilidad de los gobiernos

Los gobiernos deberán asumir, con la participación de los pueblos indígenas, la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de estos Pueblos y garantizar el respeto a su integridad.

Artículos 3, 4 y 5

Desarrollan los principios enmarcados en el artículo 2, para que los pueblos gocen en pié de igualdad de los mismos derechos que otros ciudadanos y para que se proteja su existencia.

Artículos 6 y 7 Derecho a ser consultados y a participar en las decisiones sobre el desarrollo

Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que se tomen medidas legislativas programas que les afecte directamente y deben establecer las formas y medios a través de los cuales los pueblos indígenas puedan participar libremente en las decisiones.

Los pueblos indígenas deberán tener el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo, en la medida en que este desarrollo afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras o territorios que ocupan y utilizan, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo social, económico y cultural.

Los pueblos indígenas deberán participar efectivamente en la formulación ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que los afecte directamente.

También se reconoce que los pueblos indígenas tienen el derecho a contribuir sus propios plante en las políticas de desarrollo a nivel nacional.

Artículos 8 al 12. Derecho consuetudinario administración de la justicia

El reconocimiento de la existencia del derecho consuetudinario y de las costumbres de las comunidades indígenas y la necesidad de incorporar medidas efectivas de administración de la justicia que aseguren así pluralismo legal necesarios para garantizar los derechos humanos de los indígenas como individuos y comunidades.

Por ejemplo se menciona (art. 10) que cuando se impongan sanciones penales, se deberá tomar en cuenta las culturas y valores de los indígenas. Y que se deberá dar preferencia a sanciones diferentes al encarcelamiento.

Artículo 13 La relación especial con la tierra y el territorio

El reconocimiento a la relación especial que tienen los pueblos indígenas con sus tierras y territorios para su existencia social, espiritual, y política, especialmente tomando en cuenta que los indígenas tienen una relación colectiva con la tierra y con sus territorios.

El territorio es entendido como el entorno y los recursos naturales tomando en cuenta que los indígenas tienen una especial interés en la conservación de los derechos naturales y del medio ambiente como condición básica para su vida.

Artículo 14 Derecho a la propiedad y posición de la tierra

El derecho de propiedad y posesión de las tierras tradicionalmente ocupadas.

Los gobiernos deberán agilizar los trámites para determinar y deslindar las tierras para garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión por parte de los indígenas.

Deberán adoptarse procedimientos adecuados para resolver casos pendientes de disputas de tierras.

Artículo 15. Territorios y Recursos naturales

Derecho al acceso, uso y administración de los recursos naturales en sus territorios.

Cuando los recursos naturales (incluyendo el subsuelo) son propiedad del Estado, se deberán establecer o mantener procedimientos para consultar a los pueblos indígenas para determinar si serían perjudicados, antes de emprender o autorizar la prospección o explotación de los recursos en sus tierras y territorios. Los pueblos indígenas deberán participar, siempre que sea posible. en los beneficios que traigan tales actividades, y recibir una indemnización nativas por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Artículo 16 Traslados o reubicación

Los pueblos indígenas no deberán ser trasladados de las tierras y territorios que ocupan.

Se consideran traslados sólo en situaciones excepcionales. Estos traslados deberán realizarse sólo con su consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa.

Estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y ratificación.

Cuando el retorno no sea posible, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuya situación jurídica sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente.

Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su traslado.

Artículo 17. El sistema de transmisión- (venta, traslado, herencia de las tierras)

Se deberá respetar el sistema de transmisión (venta, herencia, etc.) de la propiedad que tienen las comunidades indígenas.

Artículo 18. Sanciones contra personas que se apropian de tierras indígenas

Se deberá prohibir todo despojo de las tierras de los pueblos indígenas o todo uso no autorizado de ellas por personas ajenas. Los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

Artículo 19. Programas agrarios

Los gobiernos deberán buscar dentro de sus programas agrarios, formas de garantizar tierras adicionales a los pueblos indígenas cuando sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal.

Articulo 20. Contratación y condiciones de empleo

Se deberán tomar medidas especiales para garantizar a los trabajadores y trabajadoras indígenas una protección eficaz en su contratación y condiciones de empleo (acceso al empleo, incluido al empleo calificado; remuneración igual; asistencia médica; vivienda; derecho de asociación corno trabajadores).

Estas medidas deberán tomarse en cuenta especialmente en relación a los trabajadores estaciónales eventuales y migrantes.

Artículos 21. 22 y 23. Formación social. artesanía e industrias rurales

Los miembros de les pueblos indígenas deberán disponer de programas de formación profesional a un nivel igual que lo que se proporciona a otros miembros de la sociedad. Estos programas, sin embargo, deberán tomar en cuenta las necesidades especiales de los pueblos indígenas y sus comunidades, es decir su economía, las condiciones sociales y económicas, y las necesidades concretas de los pueblos indígenas.

La artesanía, las industrias rurales y comunitarias, deberán tomarse especialmente en cuenta en los programas de formación profesional. Los pueblos indígenas tienen especial interés en un desarrollo equitativo y autogestionario.

Artículos 24 y 25. Seguridad social y salud

La seguridad social deberá ser extendida a los pueblos indígenas.

Se deberán apoyar servicios de salud adecuados o poner a disposición de los pueblos indígenas los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control.

Los servicios de salud deberán organizarse a nivel comunitario. Deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos indígenas y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus propios métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

El sistema de asistencia medica deberá dar preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniéndose una estrecha relación con los servicios de salud a otros niveles (hospitales, clínicas, laboratorios, etc.)

Artículos 26. 27, 28. 29. 30 y 31. Educación y comunicación

Los gobiernos deberán adoptar medidas para que se extienda una educación a los miembros de los pueblos indígenas en pié de igualdad con otros miembros de la sociedad nacional.

Los programas y servicios de educación deberán aplicarse y desarrollarse con la participación de estos pueblos en la formulación y ejecución de los programas, con el objetivo de transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas.

Los gobiernos deberán hacer un esfuerzo especial en la formación de miembros de estos pueblos. Deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, y deberán contar con los recursos necesarios.

Se deberán promover la educación de los niños (a leer y a escribir) en el idioma indígena o en el idioma que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenecen. Deberán adoptarse medidas para preservar los idiomas indígenas y promover su desarrollo y práctica.

Un importante objetivo de la educación de los niños y niñas indígenas, deberá ser promover el conocimiento y habilidades que les ayuden a participar plenamente y en pié de igualdad en su propia comunidad y en la comunidad nacional.

Los gobiernos deberán promover medios de comunicación (radio, televisión, prensa) en los idiomas de los pueblos indígenas.

Deberán adoptarse medidas educativas para que el resto de la sociedad conozca mejor la historia y contribución de los pueblos indígenas. Se deberá asegurar que los textos utilizados ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos indígenas.

Artículo 32. Contactos y cooperación a través de las fronteras

Tomando en cuenta que muchos pueblos indígenas de las mismas culturas comparten fronteras de países, los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y cooperación entre los pueblos indígenas a través de las fronteras.

Artículo 33 Obligación de los Gobiernos

Los Gobiernos deberán reforzar o desarrollar los mecanismos e instituciones con los recursos y el personal necesario, para ejecutar políticas de apoyo a los pueblos indígenas, en la aplicación del Convenio.

**Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) – Aprobada el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de Naciones Unidas y entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49

Artículo 1:

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

**Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) – Aprobada el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea general de las Naciones Unidas y entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27

Artículo 1:

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

**CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

Artículo 1

Los propósitos de las Naciones Unidas son; (….)

2.- Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libredeterminación de los Pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal (…)

Estas y otras normas internacionales, contrario a las paranoias y fantasmas de diversos sectores “ideológicos” y retrógrados, no consideran en ningún aspecto condiciones de separatismos-independismos, menoscabo o quebrantamiento de Estados denominados soberanos e independientes, prejuicios que son promovidos desde las arcaicas visiones sobre el Estado ya sea totalitaristas unicentristas o neoliberalistas unicentristas, ecuaciones que van de la mano.

Por el contrario, estas normas de derecho internacional apuntan a poner fin a colonialismos, discriminación-racismo o niveles de subyugación extremo. No es lo mismo una independencia de un Pueblo a un Estado que una transformación y recuperación del Estado bajo los principios del derecho de la libredeterminación de los Pueblos, que es lo que se ha venido promoviendo en diversos países por una parte importante de los movimientos sociales, en búsqueda de la justicia, la igualdad, respeto, autonomías y soberanías populares.

Los que no quieren esa transformación, son los mismos grupos de poder que controlan el Estado y que oprimen a los Pueblos expandiendo el terror.

Justamente, este tipo de relación y “autoridad” es la altamente cuestionable y la que debe ser cambiada.

A la luz de las interpretaciones, el comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en varias oportunidades ha adoptado observaciones generales considerando el alcance de Pueblos y Libredeterminación donde impone obligaciones concretas a los Estados, no sólo en relación con los propios Pueblos que reconoce el Estado sino con todos los Pueblos que no han podido ejercer su derecho a la libredeterminación o se han visto privados de ejercer tal derecho. Considera que la libredeterminación de los Pueblos son aspectos claves de mejores relaciones, cooperación y de paz tanto en la esfera interna de convivencia como en la externa entre los Estados.

El mismo Comité en su jurisprudencia, ha señalado que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos reconoce y protege en los términos más enérgicos el derecho de un Pueblo a la libredeterminación y su derecho a disponer de sus recursos naturales, como condición esencial para la eficaz garantía y observancia de los Derechos humanos individuales y para la promoción y fortalecimiento de esos derechos.

LIBREDETERMINACIÓN: APUNTES SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Es altamente valorable la condición de Plurinacional y Pluriculturalidad que tienen todos los países con población indígenas. Desde esa perspectiva se encuentran los Pueblos asentados de acuerdo a la expansión y consolidación de los Estados, con su propia historia de origen criollo, de migrantes, de diversidad, de una gran mayoría poblacional de esfuerzo, trabajo y sacrificio, con historias recientes de formación y reconocimientos pero con mucha riqueza cultural y política-social y existencia de lucha, distinta y diferenciada a los patrones de conducción e imposición que ha venido asumiendo desde su origen el poder estatal que en la gran mayoría de los Países en Sudamérica es son controlaos por grupos de poder fáctico de tipo local y transnacionales.

Del mismo modo, están Los Pueblos o Naciones originarias, con su pre existencia a la conformación de los Estados, diferenciados a su formación, con sus propias características sociales, culturales y políticas, firmemente enraizadas en su propia historia y que se siguen defendiendo.

Asimismo, es un valor la amplia realidad del mestizaje, en el buen sentido, entre habitantes de diversos Pueblos que contribuye a la riqueza social y cultural y a nuevas formas de relación, entendimiento, integridad y reciprocidad, con el respeto a los márgenes de autoidentificación que cada persona asume en su fuero interno y externo.

Distinta a esta realidad, es importante señalar que, varios Estados en Latinoamérica, como Chile y Perú, tienen características de antidemocrático, unicentrista, etnocentrista, capitalista-neoliberal, patriarcal, racista, elitista, discriminador y excluyente, Estados que se mantienen subyugado y controlado por depredadores grupos económicos de poder fáctico cuyo accionar atentan contra los derechos de los Pueblos y sus diversos sectores, hechos que se han venido arrastrando durante toda la denominada historia republicana de estos Países y que se vinculan a una serie de historias de sangre, represión, persecución, sobreexplotación, expansión ilegítima y bélica contra los mismos pueblos.

Desde la perspectiva de los derechos y las políticas públicas, es fundamental avanzar en la transformación de normas que regulan el ordenamiento jurídico interno en materias de Derechos Indígenas para que reconozcan, resguarden y promuevan efectiva y eficientemente los derechos de las personas y de los Pueblos que coexisten y sus diversos sectores. Entre otras, leyes ambientales, de derechos sobre bienes y recursos naturales, de extracción y explotación, de consulta y participación y de derechos colectivos indígenas.

Asimismo, hacer las modificaciones legales necesarias para el efectivo cumplimiento y aplicación de las convenciones y acuerdos internacionales relacionados con el resguardo y protección de los derechos de los pueblos indígenas en estas materias, como también, en el crear mecanismos de seguimiento y evaluación pública de estas normas internacionales de derechos, las que hoy no son consideradas ni aplicadas dentro del ordenamiento jurídico, político ni administrativo.

Desde la Libredeterminación y el ejercicio del derecho de la autonomía por parte de los movimientos sociales, es fundamental, ante el actual escenario, por el abandono y atropello de parte de la institucionalidad pública para resguardar los derechos colectivos, que sean las propias comunidades, las poblaciones, las organizaciones quienes deban asumir los grandes desafíos de articularse para defender y ejercer sus derechos, de manera amplia, representativa, efectiva, horizontal y solidaria, que tiendan a la transformación de los Estados, con nuevos procesos constituyentes, re-fundacional y a establecer nuevas formas de relación entre los Pueblos.

DEERECHOS TRANSGREDIDOS Y LOS DESAFÍOS PARA DEFENDER Y RECUPERAR: “Los derechos no se esperan, los Derechos se ejercen”

En diversos territorios del continente se han identificado una serie de derechos transgredidos como parte de la libredeterminación y que son consecuencia de la imposición de modelos industriales y de expansión, tanto pública pero mayoritariamente de entidades privadas y que afectan directamente a numerosas personas, como el caso de madereros-forestales, petroleras, mineras, pesqueras, entre otras.

Asimismo, bajo esa lectura, se incorpora en el siguiente documento una serie de antecedentes relacionadas con el establecimientos de planes de acción para el avance sobre el ejercicio y exigibilidad de los derechos de los Pueblos, que no presenta nada extraordinario, por el contrario, son temas incorporados en la agenda internacional hace mucho rato, siendo incluso varios los Países los que han incorporado a sus ordenamientos políticos y jurídicos un estándar avanzado, contrario a lo que ha sucedido al interior de algunos Estados, como el de Chile, Perú o Colombia ( a pesar que este País tienen diversos cuerpos jurídicos de derechos indígenas), quienes mantienen una enorme brecha de desigualdad, intolerancia y descontextualización en relación a los Derechos.

LIBREDETERMINACIÓN

- Garantías de No discriminación

- Integridad Cultural

- Tierras, territorios y Recursos Nat.

- Bienestar y Desarrollo (económico, Social, cultural y ambiental)

- Autogobierno, Participación y autonomías

- Medidas de Reparación Histórica.

I.- GARANTÍAS DE NO DISCRIMINACIÓN

Un aspecto indispensable dentro de la extensión del derecho a la libredeterminación que tiene todo Pueblo es la ausencia de políticas o prácticas oficiales que discriminen injustamente a individuos o grupos. Es universal el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

Diversos aspectos de discriminación se identifican en relación a los conflictos.

1.- Transgresiones y atropellos:

Algunos de ellos son:

Racismo y discriminación socio ambiental y espacial: Existe una pauta conductual racista y discriminadora de instituciones del Estado y empresas privadas que en los últimos años se ha hecho sistemática y creciente en diversos territorios afectando a poblaciones de pueblos indígenas principalmente. Asimismo, a diversos sectores urbanos poblacionales de personas que no pueden acceder a una defensa efectiva de sus derechos ante la instalación de actividades que provocan un evidente daño al medio ambiente y formas tradicionales de vida.

El racismo y discriminación, es cuando comunidades, agrupaciones, poblaciones pobres o empobrecidas en posesión actual de un porcentaje mínimo de tierras o sitios respecto de la superficie total que presentan latifundistas o grupos económicos, parece no ser considerado a la hora de destinar los terrenos que serán utilizados para actividades nocivas para la salud y los ecosistemas, pues ha sido precisamente en ese poco territorio en que habitan grandes mayorías, donde la industrias extractivas como la minería, petroleras y madereras han acabado con los recursos hídricos y causado graves contaminaciones, saqueos y destrucciones.

En definitiva, el racismo y discriminación hacia diversos sectores de los Pueblos puede ser descubierto a través de los conflictos ambientales y las políticas que autoridades y empresas privadas realizan para lograr lo que denominan “desarrollo” o “crecimiento económico” del país. Los desechos y costos de este desarrollo y sus impactos negativos al medio ambiente que nadie quiere asumir, se han llevado a las escasas tierras que hoy habitan los indígenas.

Nula Participación y contaminación social: No existen en la mayoría de los Países condiciones de una participación efectiva en la toma de decisiones públicas respecto a proyectos de inversión pública o privada con impactos territoriales. Los instrumentos que existen lo reflejan, donde no se considera la participación previa, libre e informada como derecho esencial a asumir ante los Pueblos indígenas, sus organizaciones y autoridades tradicionales.

Asimismo, existe amplia libertad por parte del Estado para que las empresas se introduzcan en los territorios y causen graves deterioros y quebrantamientos a las orgánicas locales, con coaptaciones (compras de dirigentes) e instalación de cizañas (mentiras), daños que son irreparables socialmente.

Medios de Comunicación y derecho a réplica: Los medios de comunicación, principalmente de prensa escrita que obedecen a grupos económicos controladores del aparato y autoridad estatal, promueven la intolerancia y el descrédito e invisibilización a toda crítica, defensa y lucha por derechos sociales y ambientales. Es más, cuando en sus tribunas generan prejuicios y estigmatizaciones, con calumnias o injurias a procesos sociales o defensores de derechos, prácticamente no existe el derecho a réplica o esta es insuficiente o menor a la presentada originalmente.

Criminalización y judicialización a la protesta social: En algunos casos ha sucedido que la protesta social que reivindica o defiende derechos colectivos está expuesta arbitrariamente a condiciones de criminalización y judicialización. Diversos casos frente a los conflictos de la industria petrolera, minera, forestales-maderera han ocurrido.

Atentados a las Riquezas culturales, económicas, sociales de los Pueblos: El modelo de desarrollo ha venido causando serios daños a los territorios y sus riquezas. En el caso de las petroleras, minera y madereras han venido causando serios trastornos a la vida de numerosas personas y sus comunidades. Tierras agrícolas, frutícolas, de bosques nativos y ganaderas para la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos han sido reemplazadas por espacios de exploración, explotación, ductos, plantas, causando graves impactos, acorralamiento de comunidades, cambio de hábitos de las poblaciones locales, empobrecimiento, emigración son algunas de sus consecuencias.

2.- Hacia un Plan de Acción

Establecer la penalización de actos de discriminación étnica, racial, o cultural por parte de agentes del estado, o agentes privados, contra personas, organizaciones y/o comunidades indígenas.

Crear instancias de participación permanente y asumir la responsabilidad que garantice la interlocución en igualdad de condiciones, para asegurar la ausencia plena de toda política o práctica oficial que discrimina injustamente a individuos, grupos, comunidades o pueblos, con el fin de desarrollar acciones que promuevan la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, costumbres, tradiciones e instituciones propias de los Pueblos. Una de ellas, es la promoción y la aplicación de políticas públicas efectivas para garantizar la soberanía popular, seguridad alimentaria y economía solidaria en base a la diversidad y riqueza cultural.

Garantizar el derecho emitir opinión e información y hacer uso del derecho de réplica en los medios de comunicación masivos.

Generar condiciones que permitan a los movimientos, organizaciones, comunidades sociales acceder a la propiedad de medios de comunicación.

Garantizar que los medios de comunicación entregan contenidos y operan bajo los valores del respeto y la no discriminación hacia las personas, organizaciones, comunidades y/o Pueblos.

Implementar normativas legales efectivas y suficientes para sancionar a personas, instituciones públicas o privadas y/o medios de comunicación que lesionen la honra y dignidad de una persona, organización, comunidad o Pueblo.

Impedir cualquier forma de criminalización, la utilización de leyes especiales y/o penalización de las legítimas actividades de protesta y demanda social de los Pueblos.

II.- INTEGRIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS

Hoy existen pocas controversias sobre el planteamiento que reconoce que los pueblos tienen derecho a mantener y desarrollar libremente sus identidades culturales diferenciadas, dentro del marco de principios de derechos humanos generalmente aceptados y, por lo tanto, aplicables. La cultura es entendida generalmente de manera que incluye pautas afines, lengua, religión, rituales, arte y filosofía: de manera adicional, se entiende cada vez más que abarca pautas sobre el uso de las tierras y otras instituciones que pueden extenderse hacia esferas económicas y políticas. Además, los estados están llamados a mantener y, de hecho, mantienen Por si mismos obligaciones positivas en este ámbito.

1.- Transgresiones y atropellos:

Espacios de significación cultural y espiritual: Como consecuencia de la expansión de este tipo de industrias en cuestión, diversos espacios de significación cultural y espiritual para los Pueblos han sido transgredidos

Atentados a las Riquezas culturales, económicas, sociales de los Pueblos: El modelo de desarrollo ha venido causando serios daños a los territorios y sus riquezas.

2.- Hacia un Plan de Acción

Reconocer, respetar, garantizar y promover el derecho a la autonomía cultural de los Pueblos.

Restituir a las comunidades los espacios de significación cultural que han sido reclamados, delegando a las mismas comunidades la administración de esos espacios.

Diseñar e implementar acciones que aseguran la protección del patrimonio medicinal y de los espacios territoriales de carácter espiritual en todo evento, en especial ante proyectos de inversión o conservación, sea esta privada o pública.

La promoción y la aplicación de políticas públicas efectivas para garantizar la soberanía popular, seguridad alimentaria y economía solidaria en base a la diversidad y riqueza cultural.

III.- TIERRAS, TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES

En general, los pueblos tienen el derecho a la propiedad de, o a un control sustancial sobre y acceso a, las tierras y recursos naturales que tradicionalmente han sustentado sus respectivas economías y prácticas culturales. En el caso indígena los pueblos han sido desposeídos de sus tierras tradicionales o han perdido el acceso a los recursos naturales a través de la coacción o el fraude, la norma para los estados es la de establecer procedimientos que permitan a los grupos indígenas afectados recuperar las tierras o el acceso a los recursos que necesiten para su subsistencia y prácticas culturales y, en circunstancias apropiadas, a recibir una compensación.

1.- Transgresiones y atropellos

Imposición de políticas locales o globales neo-liberales: En la actualidad, dentro del ámbito de la política pública de los Estados existen una serie de elementos internos y externos que están estrechamente ligados a diversos aspectos de la globalización económica capitalista y neoliberal, cuyos impactos repercuten principalmente en los territorios de sectores sociales más vulnerables. La territorialidad, no entendida como aspecto simbólico, sino como el soporte material y espiritual para la existencia de los Pueblos indígenas, ha sido víctima de políticas locales y globales con graves consecuencias en términos ambientales, culturales y económicos.

Territorialidad, contaminación y actividades peligrosas: Territorialmente, podemos observar que la contaminación y la ejecución de actividades peligrosas para el ambiente y la salud se llevan a cabo en lugares donde habitan empobrecidas, de mal acceso a los servicios y al ejercicio de los derechos.

“Modelo”, conflictos territoriales socio ambientales y sus consecuencias: Esta situación, atenta contra los Pueblos en sus Derechos y establecer su propio desarrollo, principalmente ante la desprotección de las territorialidades (tierras y recursos naturales), que ha llevado a la privatización de derechos de agua, del mar y borde costero, la expansión de industrias extractivas (petroleras, minería y madereras), grandes obras viales, turísticas, entre otras surgidas a nombre de un modelo de “desarrollo y progreso” que en realidad, en términos generales, es crecimiento económico que va, principalmente, en beneficio directo de grandes compañías y transnacionales en desmedro de una larga lista de comunidades que han tenido que sacrificar la calidad de vida, su ambiente y arriesgar su salud y su seguridad.

Derechos de agua: Uno de los impactos más importante y que atenta directamente con el derecho a al vida de las comunidades es la pérdida de recursos hídricos superficiales y subterráneos y la contaminación de las fuentes de agua por el uso y contaminación de industrias extractivas.

Territorialidad e Igualdad en derechos: La igualdad ante la ley y el acceso a oportunidades, el derecho a disentir, la libre determinación del tipo de desarrollo, la participación, la oposición a actividades y acciones que tengan consecuencias negativas son muchas veces premisas vedadas para las comunidades y que denotan muchas veces en actitudes racistas y discriminadoras.

“No se trata de atentar con el denominado desarrollo y progreso que han vociferado falsamente las grandes compañías, transnacionales y autoridades estatales, por el contrario, se trata de detener la expansión de actividades que sólo han traído destrucción y empobrecimiento en contra de los sectores más expuestos e indefensos a sus cargas, provocando marcadas desigualdades sociales y el enriquecimiento de pequeños grupos a costa de la destrucción de recursos naturales y de los irreparables costos que sufren las comunidades(…). Simplemente, es buscar el mejoramiento de las condiciones de vida, con participación y cooperación en los planes de bienestar económico de estas regiones, para proteger y preservar el medio ambiente de estos territorios, para mejorar y fortalecer aspectos sociales y culturales, con plena identidad, derechos y autonomía. Justamente, hoy, son las propias comunidades y organizaciones las que levantan su voz para una nueva propuesta de relación y de avance, para frenar estas políticas económicas depredadoras en pro de una sociedad humana más justa y equilibrada, para dar esperanza de un futuro digno”

Para diversas personas y organizaciones víctimas de este modelo, no es tan solo una disputa por tierras o medio ambiente, sino es una lucha por sobrevivir, por los derechos, dignidad, reconocimiento y las posibilidades de un desarrollo autónomo.

El freno a este tipo de modelo, es además, el intento de impedir que esta actividad siga introduciendo mayor empobrecimiento, daños ambientales y deterioros culturales a los Pueblos y vastos sectores. Estas luchas, como tema de fondo, es intentar cambiar la relación política del Estado hacia los Pueblos, porque los grupos dueños de estas grandes empresas son grupos fácticos de poder que son parte controladora del Estado y toda su “maquinaria”, siendo responsables directos de la marginación, exclusión y opresión que enfrentan los pueblos.

2.- Hacia un Plan de Acción

Se deberá respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los Pueblos indígenas reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan, utilizan o se encuentra firmemente enraizado, de alguna u otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esta relación.

Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento de su propiedad y de los derechos de dominio con respecto a las tierras y territorios que ocupan históricamente, así como al uso de las tierras a las que tradicionalmente han tenido acceso para la realización de sus actividades tradicionales y de sustento. Estos derechos también comprenden las aguas, la flora, la fauna, el subsuelo y los demás recursos de ese hábitat, así como de su medio ambiente, preservando los mismos para sí y futuras generaciones.

Establecer mecanismos jurídicos, políticos y administrativos de protección sobre las tierras y territorios que los Pueblos ocupan o utilizan históricamente, de manera permanente, exclusiva, inalienable, imprescriptible, inexpropiable e inembargable.

Medidas adecuadas para prevenir, impedir y sancionar toda intrusión o uso de dichas tierras, territorios o recursos por grupos económicos que se arroguen la propiedad, posesión o el derecho a uso de las mismas.

Reconocer y garantizar los derechos de los Pueblos a los Recursos naturales existentes en sus tierras y territorios los que deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

Modificación de códigos y leyes relacionadas a las Aguas, Mineria, pesca, hidrocarburos, entre otras, reconociendo los derechos de propiedad y uso de las comunidades rurales sobre sus recursos, y compatibilizando dicha legislación sectorial con la norma existentes o de creación sobre protección de las tierras.

Reconocer, respetar y garantizar el ejercicio de las prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas en su relación con el medioambiente, ya sea en zonas rurales y urbanas.

Los Pueblos tendrán el derecho a conservar, restaurar y proteger su medio ambiente, y la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos; y cuando así lo amerite, recibir asistencia del Estado o de organismos internacionales para la protección de su medio ambiente.

Realizar las acciones necesarias para identificar, prohibir y sancionar las prácticas de racismo y discriminación ambiental y espacial causadas por instituciones públicas o privadas a través de prácticas, acciones o inacciones que, intencionalmente o no, agreden al ambiente, la salud, biodiversidad, la economía local, la calidad de vida y seguridad en comunidades, trabajadores, grupos e individuos basados en su origen indígena.

Resguardar que las organizaciones y/o comunidades participen en el diseño de mecanismos de uso sustentable de los recursos naturales de sus territorios y/o de los colindantes.

Fiscalizar y resguardar que los proyectos económicos, correspondientes a inversiones públicas o privadas, que se instalen en los territorios aledaños a las comunidades rurales, no impidan el desarrollo social, cultural, político y económico de éstas; y prohibir aquellas prácticas de explotación comercial que atenten a las tradiciones, territorialidad y medio ambiente en los territorios.

Diseñar mecanismos de información y consulta permanente a las organizaciones y/o comunidades de los proyectos de Conservación y/o Desarrollo que se planifiquen en territorios aledaños a estos o que directa o indirectamente les afectan.

IV. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS.

Todos los Pueblos tienen el derecho a un Bienestar social y establecer sus propias formas de entender el desarrollo. No corresponde la imposición de políticas que muchas veces se contraponen y atentan a la visión que tradicionalmente tienen los Pueblos. Asimismo, deben existir las condiciones mínimas de accesibilidad a los diferentes servicios básicos como derechos humanos universales consagrados.

1.-. Transgresiones y atropellos

Industrias forestal contra el bienestar social: Las consecuencias de la política económica en industrias extractivas, agudiza aún más el arrinconamiento de las comunidades en los retazos menos aptos para la agricultura, ganadería o fruticultura y, en definitiva, se rompe con los mínimos necesarios para la subsistencia y en el entendido de una cultura basada en las relaciones sociales producidas por la economía de sobrevivencia y solidaria, vienen a destruir también las sociedades que viven bajo estos parámetros.

Crecimiento Económico contra el Bienestar social: Las industrias, a pesar de los millones de dólares por utilidades que perciben las compañías, en los lugares donde concentran sus actividades existen pobreza a causa de sus impactos.

La expansión de este tipo de industrias ha terminado por perpetuar la pobreza local y aumentar el empobrecimiento de diversos sectores de los Pueblos. Actividades agrícolas, ganaderas y frutícolas van disminuyendo para dar paso a este tipo de expansiones.

Derechos laborales: Los escasos empleos generados por estas industrias son en general de muy baja calidad, siendo en su mayoría de carácter temporal, con bajos salarios y en condiciones de trabajo caracterizadas por la mala alimentación, el alojamiento inadecuado y el no cumplimiento de la legislación laboral vigente. Los accidentes y las enfermedades laborales son frecuentes.

En cuanto al empleo industrial, no siempre dan lugar a la creación de fuentes laborales por la existencia de industrias locales, ya que su alto grado de mecanización implica la creación de pocos puestos de trabajo y de especialización.

2.- Hacia un Plan de Acción

Los pueblos tienen derecho a determinar y poner en práctica en forma autónoma los valores, opciones, objetivos, prioridades, y estrategias para su desarrollo. Este derecho incluye la participación en determinar y elaborar programas de salud, vivienda y otros programas económicos y sociales que los afecten, y cuando sea posible, administrar estos programas mediante sus propias instituciones.

Los pueblos tienen derecho sin discriminación alguna a obtener medios adecuados para su propio desarrollo a través de una asistencia financiera y técnica adecuada y por conducto de la cooperación internacional para perseguir libremente su desarrollo político, económico, social, cultural y espiritual.

El mejoramiento de las condiciones y calidad de vida y de trabajo, de salud, de educación y de vivienda de los Pueblos, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. Al respecto, se tomarán las medidas necesarias para que las decisiones referidas a estos planes, programas o proyectos susceptibles de afectar directamente el desarrollo o condiciones de vida de los pueblos y sus comunidades, sean hechas en consulta con dichos pueblos a fin de que se reconozcan sus preferencias al respecto y a que no se incluya provisión alguna que pueda afectarlos directamente. Dichas consultas deberán efectuarse de buena fe, previa, informada y de manera apropiada.

V.- AUTOGOBIERNOS, AUTONOMÍAS Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Los autogobiernos bajo los principios de autonomías y participación son la principal dimensión política de la libredeterminación y consiste básicamente en la idea de que los sistemas políticos deben funcionar de acuerdo con los deseos de los Pueblos. Los autogobiernos se contraponen a las instituciones que concentran injusta o desproporcionadamente el poder estatal que causa subyugación, dominación y explotación. Las autonomías de los Pueblos es una nueva forma de promoción de la democracia y de descentralización del ilegítimo poder y autoridad estata, para dar paso a la plurinacionaidad y pluriculturalidad.

1.- Transgresiones y atropellos

EstadoS unicentristas y excluyentes: Los Estados en Latinoamérica en su mayoría mantienen una institucionalidad etnocentrista, excluyente, ha generado la marginación de los Pueblos que conviven en este País, quienes deben someterse a condiciones e imposiciones constituyentes fácticas e irregulares en relación lo que se conoce universalmente como Democracia. El nivel de reconocimiento local, descontextualizadamente llega solo al de “Comunidades nativas” y no de Pueblos.

Toma de decisiones y grupos fácticos de poder: La toma de decisiones obedece solo algunos. Grupos de poder continúan sometiendo a la elite política que reproduce el sistema partotocratico para la administración estatal y los Pueblos se olvidan que tienen derechos colectivos y cuando lo hacen, son intervenidos y reprimidos.

La territorialidad, la autonomía y la economía de los Pueblos es vulnerada y sigue siendo amenazada por una serie de políticas de inversión pública y privada, muchas de ellas con serios atentados y alteraciones a los derechos fundamentales de las personas y las comunidades donde no se toma en cuenta la decisión de los Pueblos y sus comunidades.

2.- Hacia un plan de acción:

La transformación del Estado es fundamental para dar paso a las soberanías de los Pueblos, dando paso a nuevas formas de autogobiernos, autónomos, cuya soberanía recaiga en los Pueblos bajo criterios de territorialidad.

Los pueblos en el ejercicio del derecho a la libre determinación al interior de los Estados, tienen derecho a la autonomía o autogobierno ya sea vecinal, comunal, territorial, regional, en lo relativo a, entre otros, cultura, lenguaje, espiritualidad, educación, información, medios de comunicación, salud, vivienda, empleo, bienestar social, mantenimiento de la seguridad comunitaria, relaciones de familia, actividades económicas, administración de tierras y recursos, medio; así como a determinar los medios y formas para financiar estas funciones autónomas.

Se debe reconocer y garantizar a las autoridades legítimas y ancestrales de los Pueblos indígenas para aplicar en sus espacios territoriales instancias de justicia y administración con base en sus tradiciones ancestrales y que afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, en coordinación y complementación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial y político – administrativo estatal.

Se debe democratizar las actuales instituciones públicas de la esfera estatal, con nuevos procedimientos de designaciones y denominaciones, como asimismo con nuevas competencias y jurisdicciones que obedezca a las necesidades de los Pueblos y sus comunidades.

Los pueblos y sus comunidades tienen el derecho de participar sin discriminación en la toma de decisiones a todos los niveles, con relación a asuntos que puedan afectar directamente sus derechos, vidas y destino. Pueden hacerlo directamente o a través de representantes elegidos por ellos de acuerdo a sus propios procedimientos. Tienen también el derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones de decisión; y a igualdad de oportunidades para acceder y participar en todas las instituciones, cumbres y foros.

Fuentes consultadas – documentos en línea:

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