Arauco y Enap pagan culpas y millonarias compensaciones a un año de graves derrames en Mataquito y San Vicente

Con sólo 10 días de diferencia, ambos "episodios" motivaron una enérgica reacción de La Moneda y las autoridades ambientales, que exigieron compensar a los afectados y definieron estrictos programas de mitigación, aún en curso. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado presentó contra ambas empresas millonarias demandas, que todavía se ventilan en tribunales. Con ejecutivos formalizados... y uno fallecido.

Por Andrés Venegas R.


Más de US$ 1 millón en bonos; dos formalizados

El 5 de junio de 2007 -el mismísimo Día Mundial del Medio Ambiente- la planta de celulosa Licancel de Arauco, el brazo forestal del grupo Angelini, descargó aproximadamente 20.000 metros cúbicos de residuos industriales líquidos (riles) no tratados al río Mataquito, en Licantén, VII Región, causando una gran mortandad de peces y aves. Y sólo dos semanas después -el 18 de junio- se produjo un segundo derrame.

PROCESO ECONOMICO-AMBIENTAL

Andrés Morán, subgerente de Asuntos Públicos Arauco VII Región, explica que -tras la casi inmediata clausura de la planta y la prohibición de pescar en el cauce del río que decretaron las autoridades ambientales y sanitarias- la Seremi de Salud impuso una serie de medidas:

(1) Seguridad: "Construcción, al interior de la planta, de sistemas e infraestructura para contener posibles nuevos 'accidentes'".

(2) Monitoreos: "Una serie de monitoreos al efluente de la planta tanto en el área de la nueva planta de tratamiento como en el punto de descarga" al río.

(3) Clausura de la antigua laguna de tratamiento, donde estaban apozados los riles (residuos industriales líquidos).

(4) Operaciones: "Informar la manera en que la planta se iba a poner en marcha nuevamente".

Claro que la puesta en marcha no fue inmediata, porque la planta Licancel estuvo parada durante siete meses, desde junio del 2007 hasta enero de este año, período en el cual, además, la empresa construyó un nuevo sistema de tratamiento (primario y secundario), que implicó una inversión de US$ 8 millones.

Morán que a partir de diciembre la planta fue sometida a una auditoría externa, que auditó cada una de estas áreas de trabajo. El monitoreo, con visitas inspectivas periódicas, se extendió hasta abril de este año, y "los resultados fueron y han sido óptimos", asegura.

Paralelamente, la empresa llegó a un acuerdo económico con quienes resultaron afectados con la prohibición de pesca que dictó la autoridad:

Sindicato de la pesca: 30 pescadores, 60 personal en total. A cada una de ellas Arauco está pagando un bono de compensación de $ 400 mil durante 15 meses (junio 2007 a septiembre 2008).

Agrupación "Estrella de mar": 40 personas: Pago de $ 20 millones por una sola vez, lo que equivale a $ 150 mil mensual por persona desde junio a diciembre 2007.

Agrupación de Comercio, turismo y pesca: 9 empresarios del sector. $ 63 millones de junio a diciembre 2007, equivalente a un aporte mensual de $ 6 millones.

Agrupación de mujeres emprendedoras: 11 personas. Pago de $ 23 millones 200 mil.

"El total de pagos asciende a $ 586 millones, monto del cual se ha pagado a la fecha $ 440 millones", informó Morán.


PROCESO JURIDICO

El 11 de junio del 2007, a 6 días de ocurrido el incidente, Arauco admitió su responsabilidad, nombró a un interventor y

despidió a la plana mayor de la planta: el gerente, Eduardo Quezada; el subgerente de Producción, José Bello, y el subgerente de Medio Ambiente, Carlos Valenzuela


Cinco meses más tarde, en octubre del año pasado, la Fiscalía de Licantén formalizó a dos de los tres ex ejecutivos: Quezada y Bello. Pero el proceso contra este último fue sobreseído en marzo pasado debido a su fallecimiento, a fines de 2007.

Muelle por US$ 50 millones; tres formalizados

El 25 de mayo de 2007, 500 mil litros de petróleo crudo fueron derramados en las instalaciones de Enap Refinerías, filial de la estatal Enap, en la bahía de San Vicente, VIII Región. ¿Resultado...? Se vieron afectados un humedal salino de Lenga y su estuario, como también especies de aves que anidan y se alimentan de él. Además, el derrame produjo severos daños a las áreas de manejo de pescadores y a la calidad de las aguas marinas y del santuario.

PROCESO ECONOMICO-AMBIENTAL

Según Enap, ocurrido el derrame, y a solicitud de la Intendencia del Bío Bío, se constituyó un equipo interdisciplinario de autoridades y técnicos coordinados por la Conama.

(1) Remediación: Se implementó un programa de limpieza en la zona afectada, el cual se dividió en tres fases. Una primera etapa contempló la remoción con medios mecánicos del crudo vertido y contenido por las barreras instaladas. Una segunda, de limpieza fina, fiscalizada por la autoridad marítima, y una tercera, con el apoyo de un especialista internacional, consistió en la aplicación de un biosolvente, de uso inédito en Chile, para disolver los residuos de crudo que estaban aún presentes.

Esta última fase, según Enap, alcanzó niveles de efectividad por sobre el 93% e incluso de un 100% en los sectores aplicados.

(2) Compensación a posibles afectados y desarrollo de proyectos de fomento productivo: Se establecieron planes de compensación desarrollados conjuntamente con las municipalidades de Talcahuano y Hualpén y la Federación de Pescadores Artesanales (Ferepa).

(3) Estudio de impacto social y ambiental: Diagnosticar y evaluar en el tiempo el posible daño ambiental originado en la bahía San Vicente y las áreas afectadas, a través del análisis y monitoreo de distintas variables ambientales y la evaluación ecológica y económica de los daños generados sobre las actividades económicas asociadas.

(4) Muelle petrolero de Enap en San Vicente: Muestra un 49% de avance, tiene un costo de US$ 50 millones y entrará en operaciones el primer semestre de 2009. Esta fue una de las condiciones establecidas con la Fiscalía del Ministerio Público para suspender condicionalmente la causa llevada por dicha entidad tras el derrame. Aunque otras fuentes sostienen que la empresa lo haría "sí o sí", y que incluso lo tenía previsto antes de este "accidente".


PROCESO JURIDICO

En abril de este año, el juez de Garantía de Talcahuano, Raúl Martínez, decretó, a solicitud de la fiscal Ana María Aldana la suspensión condicional del procedimiento llevado a cabo por el Ministerio Público contra tres ejecutivos de la empresa: el entonces gerente general Walton Cherres; el jefe del departamento de mantención, Héctor Correa, y el jefe de la división de equipos estáticos, Marcelo Garcés. Esta suspensión condicional "en ningún caso puede ser interpretada como reconocimiento alguno de la responsabilidad penal investigada", precisan en Enap.

De esta manera se dio término al procedimiento, en su etapa de investigación, con el compromiso adquirido por Enap Refinerías de cumplir dos condiciones impuestas por la autoridad judicial en el plazo de tres años: una, el muelle, y la disposición de un fondo de $ 300 millones para la construcción e implementación de un centro de rehabilitación, tratamiento y liberación de especies de ave y fauna marinas silvestre en riesgo de extinción.

A la fecha este proyecto se encuentra en fase de desarrollo conceptual a cargo de la U. San Sebastián y Codeff.


Las demandas del CDE y... ¿maniobras dilatorias?

RIO MATAQUITO

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Estado de Chile, interpuso una demanda por $2.000 millones por daño ambiental e indemnización de perjuicios contra Arauco por los daños causados al ecosistema del río Mataquito.

Una vez que se recibió por parte de los servicios con competencia ambiental la información técnica de lo sucedido, se elaboró la demanda de reparación ambiental e indemnización de perjuicios, que fue presentada el 7 de septiembre del 2007. El 21 de diciembre se notificó personalmente la demanda y se suspendió el procedimiento por el plazo de 90 días hábiles a contar de esa fecha, plazo que venció el 10 de mayo de este año.

En dicho período, las partes -demandante y demandada- han estado realizando reuniones para definir los términos de una eventual transacción que ponga término al juicio, situación que se encuentra en proceso.

Sin perjuicio de lo anterior, y reanudado el procedimiento judicial con fecha 16 de mayo, oportunidad en que se realizaría la audiencia de contestación de la demanda, la parte demandada, previo a contestar, dedujo un incidente de nulidad procesal de la resolución que dio curso a la demanda, por lo que se suspendió la audiencia de contestación.

El CDE evacuó el traslado concedido por el tribunal a la solicitud de nulidad de Arauco. A la fecha, el tribunal tiene pendiente resolver el incidente de nulidad planteado.

SAN VICENTE

Respecto de los daños ecológicos causados al ecosistema de la bahía San Vicente y sus alrededores, por la rotura de un ducto de Enap, el CDE demandó una indemnización de perjuicios. En esta demanda se solicita se le condene al pago de una indemnización de perjuicios por el monto de $ 4.000 millones a favor del Estado por los daños ecológicos.

La demanda fue presentada el 13 de septiembre del 2007. Enap dedujo excepciones dilatorias que fueron desestimadas por el tribunal. Posteriormente, interpuso un incidente de acumulación de autos, el que fue rechazado por el tribunal; esto es, por un ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Enap apeló ante la Corte de Valparaíso (tribunal de segunda instancia) respecto del rechazo de las excepciones dilatorias y del rechazo a la solicitud de acumulación. A la fecha, sigue pendiente se resuelva el recurso de apelación, respecto de ambos temas.

Asimismo, Enap solicitó orden de no innovar en la apelación de las excepciones dilatorias, lo que fue acogido, por lo que el juicio iniciado por el CDE se encuentra suspendido en primera instancia, a la espera de que la Corte de Valparaíso resuelva.

De igual forma, se encuentra pendiente la contestación de fondo de la demanda por parte de Enap, para cuando se reanude el procedimiento en primera instancia.

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