PARADOJAS DEL SISTEMA PENAL CHILENO

"La celeridad y severidad en la aplicación de medidas cautelares personales aplicada a un grupo de vecinos de Mehuín, contrasta con la demora que presenta la investigación criminal por contaminación del Río Cruces". Por abogado Vladimir Riesco.

La celeridad y severidad en la aplicación de medidas cautelares personales (prisión preventiva), aplicada a un grupo de vecinos de la localidad de MehuÍn, a partir de su supuesta participación en una violación de morada y daños, contrasta con la exasperante demora que presenta la investigación criminal por contaminación de las aguas del Río Cruces, derivada del vertido de residuos industriales líquidos desde la Planta de Celulosa Valdivia de Celco SA, demostrándonos empíricamente el carácter discriminatorio e irracional del modelo de persecución penal existente en Chile.

En efecto, este sistema muestra su cara más feroz frente a las personas sencillas y de escasos recursos y su rostro más amable y garantista frente a los poderosos.
Los argumentos que ante esta situación se entregan desde el estado, procuran generar la imagen que en el caso de delitos medio ambientales, donde los responsables están ligados a grandes intereses económicos, nos encontramos frente a delitos muy complejos y difíciles de acreditar, en contraste con los delitos de bagatela supuestamente cometidos por particulares donde en base a escuálidos antecedentes, se formaliza y encarcela a los imputados.
Situaciones como la descrita, reflejan la ausencia de los principios de igualdad, racionalidad y proporcionalidad que necesariamente deben inspirar a todo sistema de protección penal civilizado, hecho que no encontramos en nuestro país, dada la paranoia reaccionaria alimentada por medios de comunicación adictos a los intereses económicos y políticos dominantes.
La criminalización de la protesta social, es un camino errado que solo generará mas desconfianza en los mecanismos del estado de derecho y que no es nuevo en nuestro país, en efecto durante el año 1973, aun vigente el gobierno democrático, se aprobó por el congreso de la época, una ley de control de armas que fue utilizada para preparar a los soldados en la realización de allanamientos y detenciones en fabricas y centros educacionales, antecedente inmediato de las detenciones masivas, torturas y asesinatos cometido durante la dictadura.
La existencia de un sistema de protección penal injusto como el descrito, podría verse mitigado si entrara en vigencia el proyecto de Código Penal elaborado por el Foro Penal, instancia académica conformada el año 2002 a partir de una convocatoria realizada por el Ministerio de Justicia, concluyendo su trabajo el año 2005, con la entrega de un anteproyecto de Código Penal, que pretende sustituir el texto decimonónico aun vigente, norma que además de antigua se ha desnaturalizado en su contenido producto de las múltiples reformas que ha sufrido durante sus mas de 130 años de historia.
Entre los bienes jurídicos protegidos por este proyecto, encontramos el medio ambiente y el “ orden publico ambiental”, en efecto, en el titulo IX referido a los delitos de peligro común, destaca un capitulo referido a delitos relativos al medio ambiente, entre los artículos 167 y 173 donde llama la atención las sanciones penales impuestas al “… responsable o administrador de un proyecto o actividad que en su operación produzca un grave daño ambiental… si el grave daño ambiental, a que se refiere el inciso correspondiente, pone en serio peligro la vida o la salud de personas determinadas…” agravándose las sanciones “…si el grave daño ambiental produce lesiones o la muerte…”, también destacan las sanciones a los administradores y responsables de actividades que no cuenten con permisos sectoriales o que no se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental debiendo hacerlo.
Así las cosas, se incorporan como bienes jurídicos protegidos, no solo el medio ambiente sino que al propio sistema de evaluación de impacto ambiental y la institucionalidad que le sustenta, situación que probablemente no sea del gusto del gran empresariado, acostumbrado a ver en la normativa ambiental y laboral trabas para el desarrollo de sus actividades.
Lamentablemente y tal vez porque en algunos acápites, este proyecto normativo pudiera afectar intereses empresariales, aun no es despachado desde el ejecutivo a trámite legislativo, por lo que solo constituye un documento entregado a la discusión académica.
Actualmente la protección penal del medio ambiente solo se efectúa a través de figuras aisladas, dispersas en diferentes cuerpos normativos como la ley se Seguridad Nuclear, Ley de Caza, Ley General de Pesca y Acuicultura, Ley de Bosques y el propio Código Penal, donde destaca el artículo 291 donde se dispone que “... quien propagare indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radioactivos, o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población, serán penados con presidio menor en su grado máximo”.
Aun cuando son escuálidas, nuestro sistema de protección penal cuenta con figuras penales que sancionan atentados ambientales, sin embargo estas disposiciones no son aplicadas por los agentes públicos a los cuales se les el legislador ha encargado la persecución criminal, tal vez porque consideren que la protección del medio ambiente resulte menos relevante para la sociedad que la persecución de mecheros de supermercado o ladronzuelos de esquina.
Frente a este escenario solo corresponderá a la ciudadanía organizada el ejercicio de las acciones criminales tendientes a combatir la impunidad ambiental.




VLADIMIR RIESCO BAHAMONDES
ABOGADO

Publicada el sábado, 03 de noviembre de 2007

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